Tragedia golpea a los pueblos indígenas y a la naturaleza

La tragedia del pueblo yanomami ha sido destacada en la prensa. El problema, sin embargo, viene ocurriendo desde hace más tiempo, en una verdadera red de violaciones de derechos. En el artículo de Rosa Martins, las personas que conviven con los indígenas presentan una crisis mucho más profunda de lo que muestran las cámaras. Este artículo fue el resultado de varias entrevistas con contactos indicados por la comunidad SSpS en Roraima. La traducción al español es de la Hna. María Eugenia Ojeda.

En la frenética carrera por el oro, los indígenas y la naturaleza están pagando el precio

Desde la década de 1970, el Territorio  Indígena Yanomami (TIY) ha sido codiciado por los buscadores de oro, a pesar de la demarcación que tuvo lugar en 1992. Con casi 10 millones de hectáreas, la reserva en Roraima, con una población de unos 20.000 indígenas, vive una crisis sin precedentes que saca a la luz el descuido del gobierno federal en los períodos de 2019 a 2022, según testigos que han vivido y trabajado durante años en defensa de los derechos de los Pueblos y la selva tropical. Si en 2014 los datos de enfermedad no superaban los 2 mil, en 2022  esta cifra se ha multiplicado por diez.

La extracción de oro del suelo o de los sedimentos en los cursos de agua a escala ilimitada, realizada mediante técnicas manuales o máquinas como retroexcavadoras y dragas, es favorecida por verdaderas organizaciones criminales y  ha sido la principal causa de la crisis humanitaria que se ha instalado entre los Yanomami.

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) y la Universidad del Sur de Alabama de Estados Unidos, revela que casi toda la minería ilegal (95 %) tiene lugar en tres tierras indígenas: kayapó, Munduruku y Yanomami que es la más afectada por esta actividad ilegal. Rica en yacimientos de oro y con una población de 26 mil yanomami y ye’kwana, distribuidos en 321 aldeas.

No es un cálculo difícil de hacer para este problema matemático, social, político y ambiental. Quien dispone de más recursos y fuerzas en la disputa sale vencedor en este campo. La minería ilegal, por su parte, cuenta con una megaestructura que se ve favorecida por los poderes económicos, las élites locales y el aumento del precio del oro en el mercado internacional; además contó con el apoyo del gobierno anterior, que durante su mandato favoreció la aprobación en el Parlamento de un proyecto de ley, para regular y abrir las tierras indígenas a la minería, declarado  inconstitucional.

Bob Mulega

El misionero ugandés de la Consolata en Catrimani desde 2019, el padre Bob Mulega (foto), de 34 años, destaca que también los mineros son víctimas de un sistema de explotación de los pueblos y de la naturaleza. “Los que trabajan en las minas ilegales son los más pobres que no tienen otra opción, porque sabemos que en las minas las condiciones de vida son terribles”.

Como una herida abierta en el corazón de la selva, un camino de 10 km que se adentra en territorio yanomami. La deforestación, la contaminación sin precedentes y los grandes cráteres abiertos que despojan la tierra en busca de fortuna, tienen drásticas consecuencias en la vida, la cultura, la espiritualidad y salud física de los indígenas.

En una entrevista, el Padre Corrado Dalmonego, IMC, que está realizando una investigación doctoral sobre los impactos de la minería en el territorio dijo: “los puestos de salud se quedaron sin medicamentos básicos como dipirona, paracetamol, medicamentos para el tratamiento de la malaria. Más de 500 niños fallecieron por patologías curables».

Como red de violaciones a los derechos humanos, la minería ilegal no solo daña la salud a través de la transmisión de enfermedades y la negación de la debida atención, impidiendo el ingreso de recursos y la presencia de misioneros, sino que también trastorna la vida familiar enredando a muchas mujeres en asuntos  de prostitución a cambio de beneficios.

Los que se adentran en el bosque tienen una visión de ambición por las riquezas naturales con el objetivo de obtener ganancias a costa del buen vivir del bosque y de las personas que lo habitan y están  en armonía con él; así el garimpo pone en peligro lo más profundo del estilo de vida de los indígenas.

Para el padre Mulega, “la vida de la gente ha empeorado por el contacto con enfermedades que vienen de afuera, la extracción ilegal que destruye el medio ambiente en el que viven , la falta de asistencia y atención médica adecuada. Una grave consecuencia de esto es la migración de los jóvenes indígenas a la ciudad que, según el misionero, los atrae al mundo de las drogas y otros contravalores.

 “Empresarios y políticos deben hacerse responsables de la tragedia minera”

Vale recordar que junto con los pueblos originarios y la naturaleza, la gente que está con las manos en la masa sacando el oro, pobres, marginados, también pagan y pagarán un alto precio por sus acciones, porque como dice el viejo refrán , «la cuerda siempre se rompe por el lado más débil». Pero para la líder católica y miembro del Consejo Indígena de Roraima, Gilmara Fernandes, los verdaderos responsables de la tragedia minera deben rendir cuentas y, por otro lado, el gobierno debe prestar atención a los mineros pobres que se están yendo del territorio yanomami. “Los que están ahí abajo, trabajando en las minas, los mineros, son la punta del iceberg. Los que dan la logística, el mantenimiento, la comida, los que los financian -que son los empresarios y los políticos-, son  a quienes hay que responsabilizar, que se investiguen, sin esa infraestructura los mineros no pueden vivir dentro del territorio.

Aún así, según Fernandes, es necesario preguntarse por la vida de estos mineros después de dejar este trabajo. En 1993, los garimpeiros fueron sacados de la tierra indígena, sin embargo, se convirtieron en agricultores, accedieron a la tierra, entraron en proyectos de reforma agraria, pero hoy, con la llegada de la soja, el valor de la tierra aumentó significativamente. “La mayor parte de la tierra en Roraima está concentrada en manos de políticos, empresarios, grandes productores de soja, y es imposible comprarla. Estos trabajadores ¿adónde irán?, ¿cómo mantendrán a sus familias? El gobierno debe pensar en estas personas que salen de las minas y se van a los municipios, que regresan a sus casas o se van a otras zonas mineras”, enfatiza.

La vida de Yanomani detrás de las cámaras

Lo que las cámaras no pueden capturar, lo saben los misioneros de la Iglesia Católica que han vivido con los Yanomami en la zona de Catrimani durante más de 50 años. Para el padre Mulega, los Yanomami son una sociedad estructurada a su manera, basada en sus creencias, su forma de concebir la vida y la creación. La forma y los horarios  de comer, las normas para vivir bien en sociedad, el cuidado de la naturaleza, el lugar de las mujeres y los niños , el papel del hombre, todo tiene una organización específica que se basa en los valores y creencias de esa sociedad y que debe ser respetado.

«Los indígenas no son una especie en una reserva de investigación»

 Mulega hace un llamado a la sociedad para que no vea a los indígenas y no los trate como pobres miserables, sino como un pueblo originario que comparte los mismos derechos y deberes, la misma dignidad, con las mismas necesidades. “Les pedimos que consideren a los indígenas como personas, no como una especie en una reserva de investigación y que brinden políticas de salud pública, educación basada en su idioma. Necesitamos entender que el bosque es vida y lugar sagrado para los indígenas. »

En este contexto, parece fundamental la conversión de la mirada y del corazón en una apertura a lo diferente, para un encuentro, de hecho. De lo contrario, una relación colonizadora, venga de donde venga, ya sea del gobierno, de las personas de buena voluntad o de los dueños de las minas, sólo tiende a aumentar los daños en la vida de los pueblos originarios, más allá del genocidio y etnocidio que podemos presenciar a plena luz del día.